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La digitalización de la Justicia debe ser inclusiva con las personas con discapacidad, según el CERMI

4 de enero de 2023

La digitalización de la Administración de Justicia debe ser accesible e inclusiva con las personas con discapacidad, pues de lo contrario, lo que vendría a ser un progreso, se convertiría en una fractura más intensa para la realización efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.

Así lo ha manifestado el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI) en su contribución a la consulta pública relativa al Proyecto de Recomendación sobre Acceso a la Justicia y Sistemas de Justicia Centrados en las Personas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esta iniciativa se conoce a través del Foro de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, un espacio de colaboración entre los sectores público y privado, una buena práctica para la cooperación existente en España, en la que el CERMI participa.

Históricamente, el ámbito legal ha dado la espalda a las personas con discapacidad y sus necesidades han sido sistemáticamente desatendidas. Gracias a la acción proactiva y de incidencia del movimiento social de la discapacidad se han logrado reformas hacia la igualdad, sin restricciones ni sustituciones, para las personas con discapacidad.

Todavía queda un largo camino por recorrer para lograr la plena igualdad de acceso a la Justicia, tal como se consagra en el artículo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, indica el CERMI.

Justicia real y efectiva para las personas con discapacidad significa que pueden obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin quedar indefensas en ningún caso. Sin embargo, la realidad muestra cómo se sigue negando el acceso a la justicia a miles de personas con discapacidad, especialmente mujeres con discapacidad, quienes enfrentan todo tipo de obstáculos a la hora de hacer valer sus derechos en los Tribunales.

El acceso a la justicia es una herramienta insustituible que los ciudadanos tienen a su disposición para evitar que las violaciones a sus derechos e intereses legítimos queden en la impunidad. Por ello, el movimiento asociativo organizado de personas con discapacidad ha elaborado un listado de ajustes procesales que al menos deberían incorporarse al ámbito legal para que sea realmente inclusivo y plenamente accesible.

En relación con el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad y los retos que supone la transformación digital, debemos centrar nuestra atención en la inclusión centrada en las necesidades específicas de cada persona.

Respetar y garantizar los criterios de accesibilidad y diseño universales, a través de una consideración general y transversal, nunca debe implicar dejar de lado el apoyo individualizado que una persona con discapacidad pueda necesitar para el ejercicio de sus derechos.

Para el CERMI, ninguna mejora del sistema de justicia es posible sin la participación, experiencia y opinión de las personas con discapacidad. Todo sistema de justicia centrado en la persona debe estar dotado de garantías contra la discriminación, el empoderamiento y la vida independiente de las personas con discapacidad como titulares plenos de derechos humanos.

Todavía es notable la falta de formación de los operadores de justicia que actúan en el sistema de justicia en cuanto a las diferentes formas de comunicarse o expresarse de las personas con discapacidad, y quedan muchos esfuerzos pendientes desde la Administración de Justicia para hacer accesibles los actos procesales.

Debemos reconocer la importancia de todas aquellas acciones que sirvan para aportar conocimiento que acerque a las personas con discapacidad al ejercicio de sus derechos en la era digital, y para ello nada mejor que la labor formativa que realizan especialistas y profesionales. del movimiento asociativo de la discapacidad.

A juicio del CERMI, la transformación digital debe llevarse a cabo sin descartar a nadie, por lo que debe convertirse en un cauce para la toma de conciencia de toda la sociedad sobre la realidad de las personas con discapacidad y su aportación como diversidad enriquecedora.