ZARAGOZA, 26 DE MAYO DE 2026 – En un escenario marcado por la incertidumbre política, las desigualdades territoriales y la presión sobre los sistemas de protección social, el CERMI territorial reivindica una idea cada vez más urgente, los avances sociales no son irreversibles y la inclusión solo se sostiene cuando existe una estructura organizada, cohesionada y preparada para defenderla cada día allí donde realmente se toman las decisiones.
Durante años, el movimiento social de la discapacidad luchó para que los derechos dejaran de ser una declaración simbólica y comenzaran a formar parte de las leyes, las políticas públicas y la agenda institucional. Sin embargo, las jornadas de estructuras gerenciales y técnicas de los CERMIS Autonómicos evidenciaron que el reto actual ya no es únicamente conquistar nuevos derechos, sino conseguir que se realicen y evitar así que se vacíen de contenido.
Las jornadas formativas 2026 dirigidas a las estructuras gerenciales y técnicas de los CERMIS Autonómicos han vuelto a convertirse en un espacio de análisis compartido, reflexión estratégica e intercambio de experiencias entre territorios. Durante dos días, 20 y 21 de mayo, los responsables técnicos, jurídicos y gerenciales del movimiento CERMI a escala territorial abordaron algunos de los principales retos actuales de la discapacidad organizada: la incidencia política, la accesibilidad universal, la igualdad de género, la defensa jurídica de derechos y el fortalecimiento del discurso de derechos humanos.
Más allá de las ponencias, quedó una idea transversal repetida por muchas personas participantes, la necesidad de reforzar la cohesión interna del movimiento CERMI para aumentar su capacidad de influencia política y social en un contexto cada vez más complejo y cambiante.
Primera jornada | Incidencia política, accesibilidad y estrategia territorial
La inauguración corrió a cargo de Teresa Palahí, comisionada de CERMIS Autonómicos del CERMI, quien definió estas jornadas como un espacio “especialmente valioso” porque combina “formación técnica, experiencias y buenas prácticas” para fortalecer la cohesión y la capacidad de incidencia política desde los territorios. Palahí puso el acento en el trabajo cotidiano de las estructuras gerenciales y técnicas, a las que reconoció como soporte imprescindible para que los avances normativos y políticos se conviertan en realidades concretas.
En la misma línea, el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, defendió que el movimiento CERMI solo puede ser eficaz si mantiene una relación “cooperativa, de igual a igual” entre el CERMI Estatal y los CERMIS Autonómicos. Pérez Bueno insistió en que la cohesión interna es la condición necesaria para actuar hacia el exterior y lograr “cambios positivos” en favor de las personas con discapacidad y sus familias.
Uno de los grandes mensajes de las jornadas fue que la incidencia política ya no puede entenderse únicamente como interlocución institucional, sino como una capacidad estratégica de generar relato público, legitimidad social y presión democrática. Las personas participantes coincidieron en que el movimiento CERMI necesita seguir fortaleciendo sus estructuras técnicas para traducir demandas sociales en propuestas normativas, presupuestarias y jurídicas capaces de hacerse oír en un contexto político y mediático cada vez más saturado.
En este contexto, Ramón Mateo, socio de Be Bartlett, consultora de asuntos públicos, defendió la necesidad de profesionalizar la incidencia política y abandonar modelos tradicionales basados únicamente en relaciones institucionales. Explicó que la incidencia moderna exige capacidad de conectar con el interés general y habilidad para competir “por la atención” en un contexto saturado de información. Mateo reconoció al CERMI como “un referente” en materia de incidencia y subrayó que las propuestas del movimiento social de la discapacidad solo prosperarán si son capaces de explicarse ante la opinión pública como beneficiosas para el conjunto de la sociedad.
La reflexión se trasladó después a un terreno mucho más concreto, los presupuestos públicos. Luis Vañó Gisbert, presidente del CERMI Comunidad Valenciana, defendió que “si queremos que los derechos avancen, tenemos que aprender a escribirlos en el lugar donde realmente se deciden, que es en los presupuestos”. Durante su intervención insistió en la necesidad de mejorar la capacidad técnica del movimiento asociativo para transformar reivindicaciones sociales en enmiendas presupuestarias concretas y viables.
La accesibilidad universal apareció como otra de las grandes preocupaciones compartidas por los territorios. José Antonio Romero, gerente del CERMI Castilla-La Mancha y presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, explicó el proceso de incidencia impulsado para la futura Ley de Accesibilidad Universal de la comunidad autónoma. Romero defendió que “la accesibilidad es la llave que permite ejercer el resto de los derechos” y reclamó estructuras interdepartamentales vinculadas a la Presidencia de los gobiernos autonómicos para garantizar una verdadera transversalidad.
Durante esta intervención aparecieron algunos de los problemas más repetidos a lo largo de las jornadas: leyes sin suficiente dotación presupuestaria, dificultades para llegar a pequeños municipios, barreras persistentes y falta de coordinación administrativa. Precisamente, el informe territorial presentado posteriormente por el COCARMI identificó la accesibilidad como el derecho más vulnerado.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad apareció de forma transversal durante prácticamente todas las intervenciones, no solo como marco jurídico internacional, sino como una auténtica hoja de ruta política para el movimiento social de la discapacidad. Varias personas participantes insistieron en que la discapacidad ya no puede plantearse únicamente desde una lógica asistencial, sino como una cuestión de ciudadanía, democracia y derechos humanos.
En este contexto, Gregorio Saravia Méndez, delegado del CERMI de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, recordó que la Convención consolidó la discapacidad como “una cuestión de derechos humanos” y animó a los CERMIS Autonómicos a utilizarla como una “herramienta práctica” para revisar leyes, presupuestos y políticas públicas desde un enfoque de derechos.
La tarde de la primera jornada estuvo marcada por el análisis de la relación entre discapacidad, estabilidad institucional e incidencia política en periodos electorales. Moderado por Luis Javier Alonso, delegado de Gobernanza del CERMI Estatal, el diálogo inter CERMIS puso sobre la mesa una preocupación compartida por muchos territorios: cómo evitar que los cambios políticos paralicen servicios, subvenciones y derechos.
Alfonso Cortés, gerente del CERMI Extremadura, reclamó modelos de financiación “estables y plurianuales” que permitan blindar derechos y servicios “gobierne quien gobierne”. Su intervención dejó una de las frases más repetidas de las jornadas: “No somos un gasto, somos derechos de personas que deben cumplirse”.
Por su parte, Ignacio Tremiño, director de Relaciones Institucionales de CERMI Castilla y León, defendió la importancia de aprovechar cada proceso electoral como una oportunidad de incidencia política y recordó que “no hay democracia plena si no participan las personas con discapacidad”.
En la misma línea, Jesús Carlos Laiglesia, presidente del CERMI Aragón, alertó de la “incertidumbre” generada por los cambios de gobierno y la paralización de medidas ya acordadas, mientras que Carmen Vélez, desde CERMI Andalucía, insistió en la necesidad de mantener una interlocución permanente con todos los grupos parlamentarios para garantizar la presencia de la discapacidad en la agenda pública.
El cierre de la primera jornada estuvo dedicado a género y discapacidad. Teresa Lajarín Ortega, secretaria general del CERMI Región de Murcia, presentó la experiencia ‘Únicas’, una iniciativa de empoderamiento y participación dirigida a mujeres con discapacidad y cuidadoras. Lajarín explicó que el proyecto ha permitido crear un “espacio seguro” para compartir experiencias, trabajar autoestima, participación y derechos, y trasladar propuestas a las administraciones públicas.
En un escenario marcado por la incertidumbre política, las desigualdades territoriales y la presión sobre los sistemas de protección social, el CERMI territorial reivindica una idea cada vez más urgente, los avances sociales no son irreversibles y la inclusión solo se sostiene cuando existe una estructura organizada, cohesionada y preparada para defenderla cada día allí donde realmente se toman las decisiones.
Durante años, el movimiento social de la discapacidad luchó para que los derechos dejaran de ser una declaración simbólica y comenzaran a formar parte de las leyes, las políticas públicas y la agenda institucional. Sin embargo, las jornadas de estructuras gerenciales y técnicas de los CERMIS Autonómicos evidenciaron que el reto actual ya no es únicamente conquistar nuevos derechos, sino conseguir que se realicen y evitar así que se vacíen de contenido.
Las jornadas formativas 2026 dirigidas a las estructuras gerenciales y técnicas de los CERMIS Autonómicos han vuelto a convertirse en un espacio de análisis compartido, reflexión estratégica e intercambio de experiencias entre territorios. Durante dos días, 20 y 21 de mayo, los responsables técnicos, jurídicos y gerenciales del movimiento CERMI a escala territorial abordaron algunos de los principales retos actuales de la discapacidad organizada: la incidencia política, la accesibilidad universal, la igualdad de género, la defensa jurídica de derechos y el fortalecimiento del discurso de derechos humanos.
Más allá de las ponencias, quedó una idea transversal repetida por muchas personas participantes, la necesidad de reforzar la cohesión interna del movimiento CERMI para aumentar su capacidad de influencia política y social en un contexto cada vez más complejo y cambiante.
Primera jornada | Incidencia política, accesibilidad y estrategia territorial
La inauguración corrió a cargo de Teresa Palahí, comisionada de CERMIS Autonómicos del CERMI, quien definió estas jornadas como un espacio “especialmente valioso” porque combina “formación técnica, experiencias y buenas prácticas” para fortalecer la cohesión y la capacidad de incidencia política desde los territorios. Palahí puso el acento en el trabajo cotidiano de las estructuras gerenciales y técnicas, a las que reconoció como soporte imprescindible para que los avances normativos y políticos se conviertan en realidades concretas.
En la misma línea, el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, defendió que el movimiento CERMI solo puede ser eficaz si mantiene una relación “cooperativa, de igual a igual” entre el CERMI Estatal y los CERMIS Autonómicos. Pérez Bueno insistió en que la cohesión interna es la condición necesaria para actuar hacia el exterior y lograr “cambios positivos” en favor de las personas con discapacidad y sus familias.
Uno de los grandes mensajes de las jornadas fue que la incidencia política ya no puede entenderse únicamente como interlocución institucional, sino como una capacidad estratégica de generar relato público, legitimidad social y presión democrática. Las personas participantes coincidieron en que el movimiento CERMI necesita seguir fortaleciendo sus estructuras técnicas para traducir demandas sociales en propuestas normativas, presupuestarias y jurídicas capaces de hacerse oír en un contexto político y mediático cada vez más saturado.
En este contexto, Ramón Mateo, socio de Be Bartlett, consultora de asuntos públicos, defendió la necesidad de profesionalizar la incidencia política y abandonar modelos tradicionales basados únicamente en relaciones institucionales. Explicó que la incidencia moderna exige capacidad de conectar con el interés general y habilidad para competir “por la atención” en un contexto saturado de información. Mateo reconoció al CERMI como “un referente” en materia de incidencia y subrayó que las propuestas del movimiento social de la discapacidad solo prosperarán si son capaces de explicarse ante la opinión pública como beneficiosas para el conjunto de la sociedad.
La reflexión se trasladó después a un terreno mucho más concreto, los presupuestos públicos. Luis Vañó Gisbert, presidente del CERMI Comunidad Valenciana, defendió que “si queremos que los derechos avancen, tenemos que aprender a escribirlos en el lugar donde realmente se deciden, que es en los presupuestos”. Durante su intervención insistió en la necesidad de mejorar la capacidad técnica del movimiento asociativo para transformar reivindicaciones sociales en enmiendas presupuestarias concretas y viables.
grandes preocupaciones compartidas por los territorios. José Antonio Romero, gerente del CERMI Castilla-La Mancha y presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, explicó el proceso de incidencia impulsado para la futura Ley de Accesibilidad Universal de la comunidad autónoma. Romero defendió que “la accesibilidad es la llave que permite ejercer el resto de los derechos” y reclamó estructuras interdepartamentales vinculadas a la Presidencia de los gobiernos autonómicos para garantizar una verdadera transversalidad.
Durante esta intervención aparecieron algunos de los problemas más repetidos a lo largo de las jornadas: leyes sin suficiente dotación presupuestaria, dificultades para llegar a pequeños municipios, barreras persistentes y falta de coordinación administrativa. Precisamente, el informe territorial presentado posteriormente por el COCARMI identificó la accesibilidad como el derecho más vulnerado.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad apareció de forma transversal durante prácticamente todas las intervenciones, no solo como marco jurídico internacional, sino como una auténtica hoja de ruta política para el movimiento social de la discapacidad. Varias personas participantes insistieron en que la discapacidad ya no puede plantearse únicamente desde una lógica asistencial, sino como una cuestión de ciudadanía, democracia y derechos humanos.
En este contexto, Gregorio Saravia Méndez, delegado del CERMI de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, recordó que la Convención consolidó la discapacidad como “una cuestión de derechos humanos” y animó a los CERMIS Autonómicos a utilizarla como una “herramienta práctica” para revisar leyes, presupuestos y políticas públicas desde un enfoque de derechos.
Saravia insistió también en la importancia de los informes de derechos humanos y discapacidad como herramientas para “identificar vulneraciones persistentes y trasladarlas a la agenda política y jurídica”. Precisamente sobre esta cuestión giró la experiencia presentada por el COCARMI. Inma Gómez Sánchez y Ariadna Ventosa Recasens explicaron cómo la elaboración de informes territoriales permite generar datos propios, detectar vulneraciones y convertirlas en acción política. “El informe empieza el trabajo”, resumieron ambas responsables.
La tarde de la primera jornada estuvo marcada por el análisis de la relación entre discapacidad, estabilidad institucional e incidencia política en periodos electorales. Moderado por Luis Javier Alonso, delegado de Gobernanza del CERMI Estatal, el diálogo inter CERMIS puso sobre la mesa una preocupación compartida por muchos territorios: cómo evitar que los cambios políticos paralicen servicios, subvenciones y derechos.
Alfonso Cortés, gerente del CERMI Extremadura, reclamó modelos de financiación “estables y plurianuales” que permitan blindar derechos y servicios “gobierne quien gobierne”. Su intervención dejó una de las frases más repetidas de las jornadas: “No somos un gasto, somos derechos de personas que deben cumplirse”.
Por su parte, Ignacio Tremiño, director de Relaciones Institucionales de CERMI Castilla y León, defendió la importancia de aprovechar cada proceso electoral como una oportunidad de incidencia política y recordó que “no hay democracia plena si no participan las personas con discapacidad”.
En la misma línea, Jesús Carlos Laiglesia, presidente del CERMI Aragón, alertó de la “incertidumbre” generada por los cambios de gobierno y la paralización de medidas ya acordadas, mientras que Carmen Vélez, desde CERMI Andalucía, insistió en la necesidad de mantener una interlocución permanente con todos los grupos parlamentarios para garantizar la presencia de la discapacidad en la agenda pública.
El cierre de la primera jornada estuvo dedicado a género y discapacidad. Teresa Lajarín Ortega, secretaria general del CERMI Región de Murcia, presentó la experiencia ‘Únicas’, una iniciativa de empoderamiento y participación dirigida a mujeres con discapacidad y cuidadoras. Lajarín explicó que el proyecto ha permitido crear un “espacio seguro” para compartir experiencias, trabajar autoestima, participación y derechos, y trasladar propuestas a las administraciones públicas.
Segunda jornada | Derechos humanos, actualización normativa y defensa jurídica
La segunda jornada comenzó con una mirada al pasado y al futuro del movimiento social de la discapacidad. Manuel García Ortiz, delegado del CERMI de Impacto y Discurso, presentó la publicación Historia del movimiento social de la discapacidad en España, concebida como una herramienta para recuperar la memoria colectiva del activismo de la discapacidad. García Ortiz recordó la transición desde modelos asistenciales hacia una conciencia compartida de derechos y subrayó que “hay mucho más que nos une que lo que nos separa”.
Posteriormente, Jorge López Heras presentó el catálogo formativo de ILUNION para el Tercer Sector, destacando la necesidad de reforzar competencias digitales y formación accesible para garantizar la participación de las personas con discapacidad “en igualdad de oportunidades”.
El bloque jurídico estuvo protagonizado por Inés de Araoz, coordinadora del Área Jurídica de Plena Inclusión España y patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad. De Araoz analizó las novedades del Proyecto de Ley de reforma de las leyes de discapacidad, autonomía personal y dependencia. Según explicó, el nuevo enfoque normativo sitúa “el proyecto de vida, los deseos y las preferencias de la persona” en el centro de las políticas públicas y avanza hacia modelos basados en la desinstitucionalización, la vida independiente y los apoyos comunitarios.
La parte central de la segunda jornada se centró en las herramientas jurídicas y discursivas necesarias para defender los derechos de las personas con discapacidad en un contexto social y político cada vez más complejo. Durante el diálogo jurídico inter CERMIS se insistió en que las asesorías jurídicas territoriales ya no pueden limitarse únicamente a resolver consultas individuales, sino que deben avanzar hacia modelos de litigio estratégico y transformación estructural.
Entre las principales preocupaciones compartidas aparecieron el baremo de discapacidad como barrera de acceso a derechos y servicios, la inactividad administrativa en materia sancionadora, especialmente en accesibilidad, y el incremento de delitos de odio contra personas con discapacidad. Las participantes defendieron además el papel de los CERMIS como “antenas” capaces de detectar vulneraciones cotidianas de derechos y trasladarlas al ámbito político, judicial y social.
Por último, Antonio-Luis Martínez-Pujalte, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, defendió la necesidad de reforzar el discurso de derechos humanos frente a narrativas regresivas. Durante su intervención diferenció entre los ajustes razonables, orientados a garantizar igualdad formal, y las medidas de acción positiva necesarias para alcanzar una inclusión real. También defendió que los derechos humanos de las personas con discapacidad “no están en peligro”, aunque sí requieren vigilancia permanente, capacidad de respuesta y una narrativa sólida basada en igualdad, dignidad y ciudadanía plena.
La reflexión sobre género y discapacidad continuó durante la segunda jornada en el diálogo sobre la aportación de los territorios a la acción de la Fundación CERMI Mujeres. Moderado por Ana Peláez Narváez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, el espacio reunió a Marta Castillo Díaz, presidenta del CERMI Andalucía, y Mari Luz Sanz Escudero, presidenta de CERMI Navarra (CERMIN).
Todas coincidieron en señalar la necesidad de fortalecer estructuras específicas de igualdad dentro del movimiento asociativo y consolidar “espacios seguros” para mujeres y niñas con discapacidad. También destacaron el valor de los foros sociales, las comisiones de la mujer y las escuelas de niñas y madres para reforzar redes territoriales, combatir la invisibilidad y trasladar la agenda de género y discapacidad a las políticas públicas.
Más allá de los contenidos técnicos, las jornadas dejaron otra conclusión compartida por muchas personas asistentes: la necesidad de seguir construyendo comunidad dentro del movimiento CERMI. Las referencias a la cooperación entre iguales, al intercambio de experiencias y a la cohesión territorial estuvieron presentes durante las dos jornadas.
En el cierre institucional, Teresa Palahí resumió buena parte del espíritu del encuentro al afirmar que las jornadas habían servido para compartir “visión, compromiso y una forma de entender el trabajo” del movimiento CERMI. También reivindicó la importancia de la incidencia territorial para conseguir que “los derechos sean reales y efectivos” en cada comunidad autónoma, ciudad y municipio.
