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El CERMI reclama al Gobierno la recuperación de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública

13 de enero de 2023

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al Gobierno, a través de los ministerios de Hacienda y Función Pública y Derechos Sociales y Agenda 2030, que recuperen la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública, como medio de reforzar las licitaciones socialmente responsables en el ámbito de la Administración del Estado.

En 2018, tras la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en desarrollo de la misma, mediante real decreto, se creó una Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública, sin embargo, la vigencia de dicha Comisión fue breve debido a la declaración de nulidad del real decreto citado por sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de diciembre de 2019.

En dicha sentencia, consecuencia de los recursos interpuestos por algunas centrales sindicales, el Tribunal Supremo determinó la nulidad del real decreto, debido tanto a la omisión del trámite de audiencia a los sindicatos en la elaboración de la norma, como la no inclusión de estos en la propia Comisión, por lo que este órgano dejó de existir.

Los objetivos que llevaron a crear esta Comisión siguen más vigentes que nunca, por lo que a juicio del CERMI es necesario volver a regularla con prontitud, cumpliendo todos los requisito y formalidades, para disponer en la esfera de la Administración General del Estado de un foro activo de promoción de la contratación pública socialmente responsable.

A través de la contratación pública socialmente responsable o la contratación pública estratégica de carácter social, las autoridades públicas pueden promover oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusión social, accesibilidad universal, diseño para todas las personas, comercio justo, el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, la más amplia aplicación de las normas sociales, así como compromisos voluntarios más exigentes en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas.