Pone el foco en la financiación para el mantenimiento de la calidad de los apoyos que prestan
unas entidades cada vez más asfixiadas
CERMI Aragón afronta el inicio del curso escolar con el foco puesto en la financiación para el
mantenimiento de los apoyos que prestan las entidades que trabajan por y para las personas
con discapacidad y sus familias. Tras el comité ejecutivo celebrado el pasado martes en
Zaragoza, la principal preocupación que existe sobre la mesa es la situación de asfixia económica
que atraviesa el sector que se dedica a la atención dirigida a esta parte de la sociedad.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón alerta del
desesperanzador escenario que se atisba en este momento, que supone una amenaza para la
calidad de la atención prestada. Por este motivo, considera urgente un cambio de modelo que
conlleve la revisión y actualización de la cuantía de la financiación para asegurar el
mantenimiento de los apoyos prestados por las entidades.
La situación financiera actual pone en riesgo la sostenibilidad de las entidades sociales que
son prestadoras de servicios de atención a la discapacidad, esenciales y de calidad, de la propia
Administración pública. La imposibilidad de asumir para el 2025 las subidas salariales en torno
al 12% como resultado de la suma del IPC en los tres últimos años, el aumento de los costes de
electricidad y otras materias, del coste de la vida en general, la dificultad de encontrar a
profesionales cualificados con vocación o la fuga de estos perfiles hacia otras actividades
productivas con mayor remuneración, son algunos de los problemas a los que se enfrentan.
Jesús Carlos Laiglesia, presidente de CERMI Aragón, destaca que «vivimos una situación de
preocupación e inseguridad que es insostenible desde hace tiempo para un gran número de las
entidades que trabajan en el sector». La inquietud es tal que se llega al extremo de hablar de
«peligro de extinción» si no se obtiene una financiación justa para todas las entidades y centros.
CERMI Aragón recuerda que, debido al incremento de los costes, la Administración, como
responsable de estos servicios, debe adecuar la financiación. En este sentido, Laiglesia asegura
que «tenemos la voluntad de trabajar y colaborar de forma conjunta con el Gobierno de Aragón
para alcanzar los acuerdos necesarios en beneficio de un sector que abarca en Aragón a miles
de personas con discapacidad, a sus propias familias y a los profesionales que las atienden».
