Aragón, entre las cinco comunidades autónomas a las que el Defensor del Pueblo exige designar su autoridad de accesibilidad
El Defensor del Pueblo ha situado a Aragón dentro del grupo de cinco comunidades autónomas a las que ha reclamado la designación urgente de la autoridad responsable de vigilar la accesibilidad de productos y servicios. Esta decisión responde a una queja formal presentada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) a nivel nacional ante la inacción de los diferentes Ejecutivos autonómicos.
En el caso concreto de nuestra comunidad, la institución del Defensor del Pueblo ha requerido información directa a los departamentos competentes del Gobierno de Aragón para conocer el estado de esta implantación. El territorio comparte esta reclamación de control de mercado con Cataluña y Galicia, mientras que Asturias y la Comunidad Valenciana ya han remitido sus primeras respuestas al requerimiento estatal.
Una queja de alcance estatal
La iniciativa de la entidad defensora nace de una denuncia global de la plataforma estatal, que critica la falta de designación de estas autoridades autonómicas. Estos organismos son estrictamente necesarios para supervisar y hacer cumplir los requisitos de accesibilidad que dictan tanto las normativas europeas como la legislación española. La ley exige que cada autonomía cuente con herramientas de vigilancia para verificar la conformidad de los servicios y realizar actividades de control de mercado.
Para conocer todos los detalles de esta reclamación y la situación del resto de comunidades afectadas, puedes consultar la noticia general del CERMI sobre la exigencia del Defensor del Pueblo.
Enlace a la noticia de SERVIMEDIA: https://www.servimedia.es/noticias/1413229981
Desde el movimiento asociativo se insiste en que las obligaciones legales no pueden quedar en papel mojado. Por ello, se exige que todo el territorio nacional cuente con autoridades claramente identificadas, con competencias definidas y con los medios económicos y humanos suficientes para ejercer sus funciones. El fin último es garantizar que los productos y servicios accesibles sean una realidad palpable para todas las personas con discapacidad.
