No podemos detenernos hasta que la Convención se convierta en el presente real de las personas y de las familias a las que representamos
Hace veinte años, la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad marcó un antes y un después. Para mí, aquel hito coincidió con un momento vital profundamente personal: mis primeros pasos en el activismo, de la mano de una hija aún muy pequeña que me abrió los ojos a una realidad que hasta entonces me era ajena. Hoy puedo afirmar que aquel texto no solo cambió las leyes, nos cambió a nosotros.
El cambio de enfoque está calando. Hoy hablamos de igualdad, de participación, de accesibilidad, de derechos. No es un avance menor: el lenguaje construye realidades. El mayor exponente de este éxito colectivo ha sido la reciente reforma del artículo 49 de nuestra Constitución. Gracias a la fuerza del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y de sus familias, hemos logrado que nuestra Carta Magna hable por fin de derechos, dignidad e inclusión.
Pero también es necesario decirlo con claridad: para muchas personas, ese cambio todavía no se percibe en su vida diaria.
Quienes convivimos con la discapacidad lo vemos cada día. En el caso de las personas con sordera, los obstáculos no son la excepción, sino parte de su día a día: dificultades para seguir una conversación en una administración pública, para entender con claridad en una consulta médica, para participar en igualdad en un aula o en el trabajo, para disfrutar en el cine o en el teatro o para escuchar instrucciones en un polideportivo. Situaciones que, desde fuera, pueden parecer menores, pero que, sumadas, acaban marcando una diferencia enorme.
Porque los derechos, si no se pueden ejercer, se quedan en declaraciones de intenciones.
Hay cuestiones de fondo que siguen sin resolverse. Una de ellas es cómo entendemos quién es, o no, una persona con discapacidad. La Convención es clara: no se trata de un porcentaje, sino de interacción con las barreras. Sin embargo, en la práctica seguimos dependiendo de un número, de ese 33 %, que muchas veces se convierte en la puerta de entrada o de salida de derechos.
Puede tener sentido fijar límites en determinadas medidas de acción positiva, pero no en el ejercicio de derechos. Nadie debería quedarse fuera de un derecho porque no alcanza un porcentaje administrativo, cuando en su vida cotidiana sí encuentra barreras reales.
La otra gran asignatura pendiente es la accesibilidad, y en particular la auditiva. Para las personas con sordera que usan prótesis y comunican en lengua oral, los productos de apoyo a la audición (bucles magnéticos, sistemas de frecuencia modulada o micrófonos remotos) permiten oír en igualdad en entornos reales.
No hablamos de lujo, sino de recursos esenciales. Sin ellos, el acceso a la información, a la comunicación y al conocimiento es parcial. Y, sin embargo, sigue siendo una dimensión olvidada con demasiada frecuencia.
Esto no es un detalle menor: es la diferencia entre poder participar o quedarse al margen. Cuando una clase, una obra de teatro o una consulta médica son inaccesibles, el fallo no está en la persona, sino en un entorno que no ha sabido, o no ha querido, adaptarse. Este es el gran aprendizaje de la Convención que aún nos cuesta asumir.
Veinte años después, no partimos de cero. El reto no es tanto redactar nuevas leyes como hacer que las existentes se cumplan. Que los avances se noten en el mostrador de atención al público, en la consulta médica, en el aula escolar. Que lleguen a la vida diaria de cada persona con discapacidad y de cada familia.
Mucho camino recorrido, sí. Pero no podemos detenernos hasta que la Convención se convierta en el presente real de las personas y de las familias a las que representamos.
Fuente: CERMI
diario.cermi.es
