- 20 años de la Convención: Avances reales, derechos en construcción
Se cumplen 20 años de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un marco que marcó un antes y un después en la forma en que entendemos los derechos, la autonomía personal y la igualdad de oportunidades. Su ratificación por parte de España no fue solo un gesto institucional; supuso asumir un compromiso claro: pasar del modelo asistencial a un enfoque basado en derechos, donde la persona deja de ser objeto de protección para convertirse en sujeto activo de decisiones.
En estas dos décadas, es justo reconocer que se han producido avances relevantes. Hoy hablamos de accesibilidad como un requisito estructural, no como un valor añadido. Se han desarrollado marcos normativos más ambiciosos, se ha reforzado el reconocimiento de la vida independiente y se han consolidado servicios clave como la asistencia personal, aunque todavía de forma insuficiente. Artículos como el 9, relativo a la accesibilidad, o el 19, que consagra el derecho a vivir de forma independiente y a ser parte de la comunidad, han ido ganando espacio en la agenda pública, en la planificación de políticas y en la conversación social.
Sin embargo, el balance no puede ser complaciente. La distancia entre el reconocimiento formal de derechos y su ejercicio efectivo sigue siendo significativa. Persisten barreras físicas en entornos urbanos y rurales, obstáculos digitales en servicios básicos y, sobre todo, inercias culturales que continúan cuestionando la capacidad de decisión de las personas con discapacidad. La normativa existe, pero su cumplimiento no siempre está garantizado. La dispersión competencial, la falta de coordinación entre administraciones y una financiación claramente insuficiente siguen limitando el impacto real de las políticas públicas.
Desde la perspectiva del CERMI, este aniversario debe leerse como una llamada a la acción. No estamos ante un hito simbólico, sino ante una oportunidad estratégica para consolidar lo logrado y corregir lo pendiente. Es imprescindible reforzar los mecanismos de gobernanza, mejorar los sistemas de evaluación y rendición de cuentas, y garantizar que la accesibilidad y la igualdad de oportunidades se integren de forma transversal en todas las políticas públicas, desde la vivienda hasta el empleo, pasando por la educación, la sanidad o la movilidad.
Además, resulta clave avanzar en la participación efectiva de las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones. No se trata solo de escuchar, sino de incorporar de forma estructural su conocimiento y experiencia en el diseño, implementación y evaluación de las políticas. Sin esta participación, el enfoque de derechos pierde coherencia y eficacia.
El 20º aniversario de la Convención no puede quedarse en un ejercicio de balance. Debe ser una palanca para acelerar cambios, para elevar el nivel de exigencia y para situar definitivamente los derechos en el centro de la acción pública. España tiene la oportunidad de consolidarse como referente en este ámbito, pero para ello es necesario pasar de las declaraciones a los resultados medibles.
El próximo 3 de mayo no es solo una fecha conmemorativa. Es una invitación a revisar lo hecho, a exigir lo que falta y a avanzar con determinación. Porque los derechos no se conceden ni se celebran: se garantizan y se ejercen cada día
Fuente: CERMI
diario.cermi.es
